“Desde que llegamos al Gobierno de la Diputación hemos sostenido que la situación financiera era buena, pero ya desde la oposición veníamos detectando en anteriores mandatos que había un déficit casi estructural en cuanto a los recursos humanos de esta casa, de cara a ofrecer los mejores servicios posibles a los ciudadanos de la provincia en colaboración con los ayuntamientos”.

Son palabras del presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, quien en el día de hoy ha anunciado “la mayor oferta pública de empleo de la historia de la Diputación de Ciudad Real”. Se ha trabajado con mucha celeridad desde el Área de Organización Interna, especialmente desde el Servicio de Personal -a cuyos responsables políticos, Adrián Fernández y Carlos Martín de la Leona, Valverde ha agradecido su trabajo y el de la jefa de servicio, Lourdes Martínez y de todos los empleados públicos implicados- para desbloquear la situación de parálisis de las ofertas públicas de empleo de 2021, 2022 y 2023. Y ha avanzado que la de 2024 se tramitará en plazos para normalizar, cuanto antes, el desarrollo de los procesos, “que son complejos y requieren dedicación”.

De la información facilitada por Valverde y De la Leona llama la atención que desde 2016 a 2023 se jubilaron -en algunos casos, pocos afortunadamente, la baja se debió al fallecimiento del empleado público- un total de 230 funcionarios y únicamente se dió de alta a 18.

Otro dato relevante y significativo es que de una plantilla de 611 trabajadores, 308 plazas están vacantes, casi el 50 por ciento, lo que evidencia una descapitalización de los recursos humanos que generaba remanentes importantes. Una circunstancia que contribuía a la buena situación financiera de la Diputación y que posibilitaba la realización de actuaciones políticas, pero que comportaba, a su vez, la sobrecarga de trabajo de los empleados públicos de los servicios afectados por la falta de personal y también carencias importantes de atención a los ayuntamientos.

Valverde ha añadido, a este respecto, que los consistorios se veían obligados a cubrir con fondos propios servicios de asesoramiento que deberían ser prestados por la Diputación. Ha añadido, no obstante, que hay algunas plazas que no será necesario recuperar, pero sí otras muchas, “si no queremos ver abocada la gestión de la Diputación al bloqueo”.

Así las cosas, Valverde y De la Leona han anunciado que entre 2023 y 2024 -ya se están llevando cabo exámenes como el de la convocatoria de seis plazas de administrativos de la Administración General- se cubrirá 170 plazas. Un total de 103 por oposición libre, 19 por promoción interna y 48 con cargo al proceso extraordinario de estabilización. Las plazas que se incorporarán a la plantilla supone, a una media de salario de 40.000 euros anuales, un montante de 4’5 millones de euros.

La realidad es que se generaban remanentes porque no había una adecuada dotación de personal, en algunos casos en servicios que fundamentales, como es el caso del de Recaudación -en Ejecutiva los ayuntamientos están perdiendo muchos ingresos con todo lo que ello conlleva- y de Asesoramiento a Corporaciones Locales. Valverde ha aprovechado para reiterar que este último servicio se completará con otro de asesoramiento en materia turística, financiera y medioambiental.

“La primera institución que tiene que dar ejemplo es la Diputación de Ciudad Real” a la hora de estabilizar al personal y dotar de una consolidación necesaria a los puestos de trabajo “que permita que los servicios se presten en las mejores condiciones posibles”, ha dicho el presidente de la Diputación. De la Leona ha incidido también en este extremo remarcando que es preciso “acabar progresivamente con el procedimiento que venía siendo habitual de cobertura de vacantes mediante acumulación de tareas con contratos de hasta 9 meses en un período de 18”. “Se utilizará este procedimiento cuando sea estrictamente necesario”, ha apostillado.

Ha explicado, del mismo modo, el diputado responsable de la gestión del área de Personal que se ha establecido un diálogo permanente con los representantes sindicales, a través de la Mesa General de Negociación. Y que en los dos primeros trimestres del presente ejercicio se abordará una convocatoria de oposición libre de 6 plazas de técnicos de administración general -tomarán posesión en primavera-. Ha añadido que están en marcha 17 convocatorias dentro del proceso extraordinario de estabilización de empleo que afecta a 48 plazas. Además, se realizará la convocatoria para cubrir 19 plazas por promoción interna. Sobre este último proceso Valverde ha indicado que es justo que los trabajadores tengan la posibilidad de mejorar.

Además, durante el tercer y cuarto trimestre de 2024 se publicarán 17 convocatorias de oposición libre para proveer 73 plazas, entre ellas 33 de administrativo de Administración General, 7 de auxiliar de Administración general y 6 de Técnico de Administración General. Y en el primer trimestre de 2025 se publicarán las convocatorias de las 24 plazas restantes de las Ofertas Públicas de 2022 y 2023, a las que habrá que sumar las de 2024.

Ha indicado, asimismo, que durante estos procesos, previo acuerdo con los sindicatos, se realizará un concurso general para los trabajadores de la Diputación, con la finalidad de favorecer la movilidad y la promoción.

En otro orden de cosas, De la Leona ha anunciado que no se pondrá en marcha la relación de puestos de trabajo que encargó el anterior Equipo de Gobierno a una empresa privada, por un importe de 57.305 euros, porque supone una reducción salarial para la mayoría de los trabajadores que integran la plantilla de la casa. Ha afirmado que “se hubiera ganado mucho tiempo si cuando se conocieron los resultados se hubiese dicho la verdad”.

Valverde ha concluido la comparecencia animando a los ciudadanos que cumplan los requisitos de las bases de las diferentes convocatorias a concurrir a los procesos selectivos, porque es necesario sumar nuevos trabajadores públicos que puedan aprender de la experiencia de quienes llevan muchos años prestando un servicio público que imprescindible para que la Diputación de Ciudad Real asegure la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal y la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los que tienen menor capacidad económica y de gestión.