Silvia López Gayubas en una foto reciente de Facebook
Menores Arrestados por el Trágico Fallecimiento de su Madre en Castro Urdiales: Implicaciones Legales y Futuro Incierto
En un escalofriante suceso en Castro Urdiales (Cantabria), la Guardia Civil ha detenido a dos menores tras el macabro descubrimiento del cuerpo de su madre en el garaje de su hogar. El hallazgo reveló a la víctima, Silvia L. G., de 48 años, maniatada, amordazada, con una bolsa en la cabeza y una herida de cuchillo en el cuello.
Los hijos de la fallecida, que estaban desaparecidos, fueron aprehendidos horas después por las autoridades. Uno de los menores tiene 13 años, mientras que el otro tiene 15. Ambos fueron adoptados en Rusia por la víctima y su esposo, L.J.G.M. ¿Cuál será el camino legal para estos menores?
Según lo establecido por la ley, el menor de 13 años no enfrentará una condena en prisión. Dada su corta edad, podría quedar bajo la custodia de su padre u otro familiar. Actualmente, ha sido ingresado en un centro de protección de menores bajo la iniciativa de la Fiscalía.
Para el joven de quince años, será la Fiscalía de Menores la encargada de determinar el curso de acción más apropiado. Esta instancia puede sugerir medidas al juez de Menores, quien tomará la decisión final. Sin embargo, es poco probable que el adolescente termine en prisión; es más probable que sea trasladado a un centro de corrección para menores.
De acuerdo con el artículo 19 del Código Penal, los menores de catorce años no son considerados responsables penalmente. La Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor establece que los menores menores de esta edad son inimputables. Se basa en la premisa de que las infracciones cometidas por estos niños suelen ser de poca relevancia y pueden ser abordadas adecuadamente mediante intervenciones familiares y civiles, sin necesidad de intervención judicial punitiva.
Para los menores de 14 años que cometen delitos, no se aplica la responsabilidad penal. En consecuencia, las investigaciones suelen archivarse y los casos se remiten a los servicios de protección de menores de cada comunidad autónoma, donde se ofrecen programas adaptados a las necesidades individuales de los niños y sus familias.
A partir de los 14 años, los adolescentes son considerados sujetos imputables y pueden ser penalmente responsables por sus acciones. La ley contempla una variedad de medidas, desde sanciones económicas hasta el internamiento en centros correccionales, dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias personales del menor. Los casos se tratan en los Juzgados de Menores, donde se considera especialmente grave el tramo de edad de 16 a 18 años.
Después de este crimen atroz, el futuro de estos menores permanece incierto. Dependiendo de las decisiones judiciales y las circunstancias individuales, podrían enfrentar medidas de protección, corrección o rehabilitación. Sin embargo, las consecuencias emocionales y psicológicas de este evento traumático seguramente dejarán una marca indeleble en sus vidas, independientemente de las acciones legales que se tomen.
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