La Plataforma de Residencias de Mayores de Castilla-La Mancha, que aglutina a 7 ayuntamientos que gestionan residencias de la Tercera Edad en la provincia, se ha dirigido a la Diputación de Ciudad Real con el objetivo de recabar su colaboración para lograr que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha apoye económicamente en la misma medida a las residencias de mayores que dependen de consistorios y a las concertadas, puesto que prestan el mismo servicio a los usuarios.
Se da la circunstancia de que el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, ha tenido recientemente la oportunidad de plantear esta reivindicación al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el transcurso de una reunión celebrada en el Palacio de Fuensalida. Y obtuvo el compromiso de ver la posibilidad de revisar la ayuda que presta el Ejecutivo autonómico a las plazas convenidas con los ayuntamientos.
A la Plataforma de Residencias de Mayores de Castilla-La Mancha están adheridos 29 ayuntamientos, de los que 7 pertenecen a la provincia de Ciudad Real y reúnen un total de 205 plazas convenidas en las localidades de Abenójar, Almadén, Bolaños de Calatrava, Membrilla, Moral de Calatrava, Puebla de Don Rodrigo y Porzuna. Entre todas genera un total de 162 puestos de trabajo, de los que aproximadamente un 95 por ciento son desempeñados por mujeres.
En la provincia existen, además, otras cinco residencia de mayores gestionadas por los ayuntamientos de Aldea del Rey, Chillón, Cózar, San Carlos del Valle y Villamanrique, por lo que en el territorio ciudadrealeño hay 287 plazas convenidas. Y alrededor de 230 personas, de forma mayoritaria mujeres, prestan servicio en el conjunto del territorio provincial.
La plataforma defiende que la equiparación del montante económico que aporta la Junta de Comunidades por usuario al mes porque en la actualidad existe una diferencia de 205 euros entre las plazas convenidas y las concertadas. Hasta 2016 la aportación por parte de la Junta era similar, pero a partir de esa fecha se ha incrementado la asignación a los conciertos mientras que la aplicada a los consistorios no ha variado.
En concreto, en el caso de las residencias de mayores gestionadas por los ayuntamientos de la provincia que se han adherido a la plataforma están dejando de percibir 615.000 euros al año. Y si se tiene en cuenta la totalidad de los ayuntamientos que gestionan este tipo de centros, la Junta de Comunidades debería incrementar la partida con 861.000 euros para lograr la equiparación.
Los ayuntamientos, según defiende la plataforma, no exigen la asignación de una cuantía mayor de recursos de manera arbitraria, sino porque consideran que se está poniendo en grave riesgo la prestación del servicio. Y llaman la atención sobre la vulnerabilidad que presentan los usuarios, ya que se trata de personas mayores que necesitan ser atendidas porque no tienen autonomía suficiente para vivir en sus casas. Remarcan, asimismo, que también corren peligro los puestos de trabajo, desempeñados en gran medida por mujeres, un colectivo que tiene más dificultades para acceder al mercado laboral, sobre todo en el ámbito rural.
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